A 2 altos cargos de Ximo Puig les cae una querella por subvencionar una app para practicar chemsex

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella criminal contra 2 altos cargos de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig. En concreto, el director general del Instituto Valenciano de Juventud (IVAJ) Jesús Damián Martí y la directora general de Salud Pública y Adicciones Ofelia Gimeno. En ambos casos, por un supuesto delito contra la salud pública contemplado en el artículo 361 Bis del Código Penal, sin perjuicio de las posibles acciones «que se emprendan contra todos los responsables que se deduzcan del procedimiento», lo que deja la puerta abierta a otros posibles querellado en el futuro. Se da la circunstancia de que el IVAJ depende de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra (Compromís).

El pasado 19 de mayo, OKDIARIO publicó que el IVAJ había puesto en marcha una iniciativa en redes sociales bajo el lema que en español se traduce por ‘Aquí hay tema’. En esa campaña, uno de los temas tratados era el del chemsex: un modo de sexualizar el consumo de drogas entre los jóvenes, en este caso.

La respuesta inmediata, en el ámbito parlamentario, la dio el Partido Popular valenciano de Carlos Mazón, que a través de su portavoz de Juventud Juan Carlos Caballero acusó a Mónica Oltra de incitar al consumo de drogas y le exigió comparecer ante las Cortes Valencianas para que ofreciera explicaciones públicas. Esa comparecencia nunca se produjo.

Pero ha habido una respuesta aún más contundente. En concreto, en el ámbito judicial. Hasta donde se ha dirigido la Fundación Española de Abogados Cristianos, de ámbito civil, que defiende en el plano jurídico los valores inspirados en el cristianismo. esta fundación fue constituida en 2021, pero sus orígenes se remontan a 2008. La citada fundación está presidida por Polonia Castellanos y por distintos motivos se ha querellado con anterioridad contra Willy Toledo, Isabel Celaá, Ada Colau o Leo Bassi, entre otros.

Ahora, la Fundación Española de Abogados Cristianos acusa a la directora general de Salud Pública valenciana de financiar una aplicación de contactos para chemsex y al director del IVAJ de promover «tan peligrosa práctica» entre los jóvenes a través de las redes sociales.

Abogados Cristianos sostiene que la Dirección de Salud Pública otorgó en su momento una subvención al Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana por un montante de 5.496,43 euros para llevar a cabo supuestamente «una aplicación de contactos para HSH y usuarios de chemsex».

Denuncia también que desde las redes sociales del IVAJ se publicara una guía en la que, presuntamente, se fomentara la práctica del chemsex y desde la que se efectuaban diferentes afirmaciones como «conocer a la persona que te proporciona las drogas puede darte cierta seguridad de que las drogas sean lo más puras posibles». Un mes después de subirla a Instagram, la publicación fue eliminada por el IVAJ, según la mencionada Fundación.

Se da la circunstancia de que la Generalitat Valenciana, el Ivaj y Xarxa Jove (Red Joven) llevaron a cabo el pasado octubre otra campaña de promoción. En aquel caso del sexo anal bajo el lema ‘Dejemos atrás el tabú’ sobre el sexo anal. Por aquella campaña, Ximo Puig tuvo que responder ante las Cortes Valencianas, pero no desveló nunca cuánto dinero costó. Eso sí, dijo también en sede parlamentaria que «el sexo anal no es obligatorio».